SANTO DOMINGO.- La procuradora general, Miriam Germán, declaró este jueves que la persecución de la criminalidad y la corrupción administrativa impactan positivamente en la seguridad jurídica de República Dominicana y destacó que la lucha contra ese flagelo es prioridad de su gestión.
“La seguridad jurídica, sin duda, impone deberes a los poderes públicos, pues esta constituye un valor instrumental para garantizar la libertad y la igualdad, así como para crear un clima social que propicie la libre empresa y la inversión extranjera”, manifestó la jefa del Ministerio Público al participar en el almuerzo de la Cámara Americana de Comercio.
Observó, sin embargo, que afianzar la seguridad jurídica requiere de una persecución penal racional y conforme a derecho. «Exige, además, contar con un sistema judicial independiente, en el que no existan injerencias e intromisiones de ningún tipo”, dijo.
JUSTICIA Y DERECHO
Germán resaltó que los actores del sistema, en particular fiscales, deben acatar el derecho imperativo y dejar de lado las soluciones populistas, sin que ello implique ignorar las legítimas pretensiones de la ciudadanía.
“El reto que tiene ante sí el Ministerio Público es procurar justicia conforme a Derecho, consciente de los reclamos de la sociedad, pero sin dejarse arrastrar por la arbitrariedad o el abuso de poder”, apuntó.
Favoreció que el fiscal escuche lo que gritan desde las gradas, pero a una distancia prudente, ejerciendo la acción penal de manera cuidadosa y respetando las garantías del debido proceso, en aras de asegurar mayor credibilidad y obtener resultados cónsonos con los valores del Estado de Derecho.
CASOS DE CORRUPCIÓN
La Magistrada dijo que bajo su gestión se han hecho importantes esfuerzos para investigar y perseguir «los grandes y no tan grandes» casos de corrupción que han afectado de manera grave el patrimonio público, siempre en estricto apego del debido proceso.
“Dado que entonces se cuenta con medios limitados y que resulta imposible para cualquier sistema penal perseguir todos y cada uno de los crímenes, debemos enfocarnos en perseguir las conductas ilícitas más graves, es decir, aquellas que verdaderamente socavan los valores comunes y afectan bienes jurídicos preponderantes, como son el crimen organizado, los delitos financieros y la corrupción administrativa”, sostuvo.
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