En relación con el Código Penal, la legislación permanece bajo estudio de una comisión bicameral, que ha recibido más de 40 propuestas de modificación, incluidas 18 presentadas por el Poder Ejecutivo. Estas observaciones fueron remitidas luego de que diversos sectores de la sociedad expresaran preocupación por el contenido de la normativa.
El proyecto de reformas fue depositado por el Poder Ejecutivo a través del presidente del Senado, Ricardo de los Santos, y contempla modificaciones a 18 artículos de la Ley 74-25.
Las objeciones planteadas por organizaciones sociales, juristas, comunicadores y representantes de la sociedad civil se centran en disposiciones que, a su juicio, podrían limitar las libertades públicas, afectar la libertad de expresión y de prensa, y facilitar la persecución de voces críticas.
Como parte del debate público, se han realizado manifestaciones y cacerolazos en Santo Domingo y otras provincias del país, además de concentraciones en la Plaza de la Bandera, en rechazo a varios aspectos del nuevo Código Penal y otras decisiones gubernamentales.
La propuesta del Poder Ejecutivo incorpora observaciones formuladas por juristas, académicos, comunicadores, representantes de medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil, con el objetivo de fortalecer el texto legislativo antes de su entrada en vigor.
Por otra parte, el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños Guzmán, descartó la posibilidad de que las modificaciones incluyan nuevamente las denominadas tres causales para la interrupción del embarazo, uno de los temas más debatidos durante la discusión del Código Penal.
Salvo que el Congreso Nacional apruebe nuevas modificaciones antes de esa fecha, la Ley núm. 74-25 entrará en vigencia el próximo 3 de agosto.
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