Santo Domingo, 19 jul.- Dos congresistas estadounidenses que visitaron el país a principios de este julio emitieron una declaración en Estados Unidos en la cual afirmaron constatar las «arduas condiciones de trabajo y de vida que sufren los cortadores de caña para producir azúcar para nuestro consumo».

El presidente del Subcomité de Comercio del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes, Earl Blumenauer, demócrata por Oregon, y su homólogo de Michigan, el también demócrata Dan Kildee, copresidente del grupo del Azúcar de la Cámara, advirtieron de que una «cultura del miedo» parece impregnar la industria.

«Viven (los trabajadores) con sus familias en asentamientos de vivienda proporcionados por la empresa, llamados ‘bateyes’, en condiciones duras y deficientes. Incluso el Central Romana, el mayor productor de azúcar de la República Dominicana, que inició algunas mejoras, reconoció que sus instalaciones necesitan mejoras mucho mayores», establecieron los legisladores.

Sus impresiones están contenidas en un comunicado servido este martes por la embajada de Estados Unidos en el país.

Blumenauer y Kildee se reunieron en Santo Domingo con una delegación de alto nivel del Gobierno dominicano que encabezó la vicepresidenta Raquel Peña, y de la que también participó el canciller Roberto Álvarez.

VEN HAY «CULTURA DE MIEDO»

«Una cultura del miedo parece impregnar la industria, donde los supervisores de la empresa (Central Romana), guardias armados y los miembros de un sindicato no representativo vigilan a los trabajadores tanto en los campos como en los bateyes», precisaron los representantes estadounidenses.

En ese orden, destacaron que «algunos trabajadores describieron que se les ordenó permanecer callados y no hablar con nadie sobre sus condiciones antes de nuestra visita. Tal acoso e intimidación son totalmente inaceptables y confirman la necesidad de una acción inmediata».

El informe admite que se han logrado «avances importantes» para abordar el trabajo infantil y reducir la trata de personas.

«Sin embargo, nuestras observaciones y conversaciones con personas en el terreno confirmaron los informes oficiales y periodísticos recientes de que persisten los indicadores de trabajo forzoso (en los bateyes)», agregaron.

Los congresistas visitaron el país ante denuncias de trabajo forzoso en la industria azucarera dominicana, y atendiendo a que República Dominicana forma parte del acuerdo de libre comercio con Estados Unidos y Centroamérica (RD-Cafta).

TRABAJADORES DE ASCENDENCIA HAITIANA

«La industria depende predominantemente de trabajadores de ascendencia haitiana, que carecen de protecciones básicas y acceso a permisos de trabajo temporales o cualquier tipo de situación regularizada o legal», estableció el documento.

La información consideró que algunos de estos trabajadores «también forman parte de las más de 135,000 personas apátridas» estimadas en todo el país.

«Sin estatus legal, los trabajadores seguirán siendo muy vulnerables a abusos y al trabajo forzoso. Ahora es el momento de que las empresas rindan cuentas a sus trabajadores y se unan a los funcionarios del Gobierno para remediar su situación y finalmente poner fin al riesgo de trabajo forzoso», plantearon los legisladores estadounidenses.

Exhortaron a los Gobiernos estadounidense y dominicano a unir sus esfuerzos para colocar a la industria del azúcar en el «camino correcto».

«Estamos con estos trabajadores y los funcionarios dominicanos que intentan proteger los derechos de los trabajadores, especialmente los de ascendencia haitiana. Mejorar los estándares laborales en nuestros países socios comerciales también ayuda a elevar los estándares para los trabajadores estadounidenses», afirmaron.

Los representantes demócratas revelaron que el Gobierno de Abinader reconoce que la economía no progresará hasta que todos los trabajadores tengan derechos básicos y protecciones en el trabajo y en sus comunidades, «y su compromiso con la reforma fue evidente en nuestra reunión».

«Además», destacaron, «elogiamos los pasos del Gobierno de la República Dominicana para combatir la corrupción y fortalecer su economía».EFE